sábado, 21 de mayo de 2011

COLABORACION AMPI CIUDAD DEL CARMEN CON PROCURADURIA DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE, PRESENTACION PROGRAMA RENTA SEGURA

Inmobiliarias se integran para tomar parte en “Renta Segura”
Tribuna Campeche  
Sábado, 21 de Mayo de 2011 00:00

Integrantes de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en El Carmen aseguran que es necesaria una ley de inmuebles o agencias inmobiliarias en el Estado, con la finalidad de registrar y certificar a los corredores o promotores que realizan actividades relacionadas con la renta y venta de predios, pues de esta manera se podría evitar que se cometan fraudes y esto daría certeza a los posibles inversionistas.
El presidente de la AMPI en la Isla, José Ramón Vior Herrera, explicó que no existe una cultura inmobiliaria, por lo que es necesaria la preparación de los profesionales y la legislación en esa materia, porque de esta manera se tendrá mayor control en la renta y venta de inmuebles, porque no cualquier persona o empresa podrá realizar esta acción.
Ante lo anterior, los socios de esta organización integran documentos para que en próximas semanas se reúnan con los legisladores locales para promover una iniciativa de ley que regule esta actividad en todo el territorio campechano.Y es que las inmobiliarias que quieran hacer compra-venta de edificaciones en la ciudad, tendrán que realizar una serie de trámites para registrarse y obtener una licencia que los certifique; logrando con ello certeza para quien realiza o solicite la transacción.
Esta propuesta surge en la reunión que autoridades de la Subprocuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) con sede en El Carmen, realizaron este martes con representantes y propietarios de agencias en la Isla, en la que se les exhortó se sumen a promover la campaña denominada “Renta Segura”.Daniel Martínez Morales, responsable de la Tercera Subprocuraduría en la Isla, explicó que esta campaña —emprendida a nivel estatal— busca sensibilizar a los empresarios inmobiliarios para prevenir que predios sean incautados por autoridades federales para verificar que los dueños de los mismos no estén involucrados en actividades derivadas de la delincuencia organizada, por ello el objetivo es que se aplique la Ley de Extinción de Dominio en la que se requiere formalizar —entre dueño e inquilino— el contrato de arrendamiento ante notario público.